Las disposiciones finales segunda y tercera del Real Decreto-ley 2/2022 de 22 de febrero, prorroga determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social. Se amplía hasta el 30 de septiembre de 2022 la suspensión de los desahucios y lanzamientos, y la posibilidad de solicitar, hasta el 31 de octubre de 2022, a compensación por parte de arrendador o propietario afectado por tal suspensión. Os desglosamos las medidas concretas.

Medida de suspensión de los desahucios y lanzamientos: Continúa vigente hasta el 22 de septiembre de 2022.

Se trata de una suspensión extraordinaria de los procedimientos de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, y para personas económicamente vulnerables sin alternativa habitaciones en los supuestos del articulo 250 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (apartados 2º, 4º y 7º) y en aquellos otros en los que el desahucio traiga causa de un procedimiento penal.

Se aplica a contratos de arrendamiento de vivienda sujetos a la LAU 29/94, es decir, los posteriores al 1 de enero de 1995.

La acreditación de la situación de vulnerabilidad económica que se requieren son la situación de ERTE o reducción de jornada por motivos de cuidados u otras circunstancias similares que supongan perdida sustancial de ingresos, no alcanzando los índices de IPREM descritos en el articulo 5 del Real Decreto-ley 11/2020, en su articulo 6.1 se desglosan todos los documentos a presentar.

Los procedimientos que pueden acogerse a esta medida son los desahucios regulados en la Ley de Enjuiciamiento Civil, todos los juicios verbales que verses sobre reclamaciones de renta o cantidades debidas por el arrendatario, o la expiración de plazo de duración, que pretendan recuperar la posesión de la finca. Además de en aquellos otros en los que el desahucio traiga causa de un procedimiento penal, que tan solo se excluye la suspensión cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas o cuando la entrada o permanencia en el inmueble sea consecuencia de un delito.

Compensación a arrendadores y propietarios: se amplía hasta el 31 de octubre de 2022 la posibilidad de solicitar la compensación ante la situación de desahucio y lanzamiento por parte del arrendador o propietario.

Los arrendadores pueden pedir la compensación cuando en los tres meses siguientes a la fecha de emisión del informe de los servicio sociales, la administración competente no hubiese adoptado las medidas adecuadas para atender la situación de vulnerabilidad. Por su parte, los propietarios de viviendas afectadas por estas medidas tienen derecho a solicitar una compensación siempre que acrediten perjuicio económico al encontrarse la vivienda ofertada en venta o arrendamiento con anterioridad a la entrada del inmueble.

El valor de compensación consiste en el valor medio que correspondería a un alquiler de vivienda en el entorno que se encuentra el inmueble, determinado a partir de los índices de referencia, más los gastos corrientes de la vivienda que acredite haber consumido en arrendador por el periodo que medie entre que se acordare la suspensión y el momento en el que la misma finalice.  En el caso de los propietarios de las viviendas afectadas, se debe acreditar la concurrencia de perjuicio económico, de la misma forma que la anterior.

La solicitud se inicia a instancia de parte ante el organismo competente en materia de vivienda de cada comunidad autónoma, con una exposición razonada y justificada de la compensación. El plazo máximo para resolver será de tres meses, si bien podrá acordarse de manera motivada ampliar el plazo otros tres meses más, y si no existe resolución expresa en dicho plazo, el interesado podrá entenderla estimada por silencio administrativo. Después de que finalice el plazo para solicitarlas, el 31 de octubre de 2022, las CCAA las remitirán al Ministerio de Transportes, movilidad y agenda urbana durante un periodo de seis meses desde dicho vencimiento, por tanto, la resolución al arrendador o propietario no podría llegar hasta el 30 de abril de 2023.

Un artículo redactado por Cristina Acosta García

  • Grado en Derecho otorgado por la Universidad Complutense de Madrid. (2010-2014)
  • Master en Bolsa y Mercados Financieros otorgado por el Instituto de Estudios Bursátiles – IEB (centro adscrito a la Bolsa de Madrid).
  • Master de Acceso a la Abogacía otorgado por la Universidad de Córdoba y el Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba.
  • Abogada en ejercicio, miembro del bufete ACOSTA Y GARCIA ABOGADOS desde Febrero de 2015.
  • Tesorera de la Agrupación de Jóvenes Abogados (AJA) del Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba. (Anterior Junta Directiva)
  • Tesorera de la Confederación Española de la Abogacía Joven (CEAJ)
  • Desde junio de 2021 Presidenta de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Córdoba.



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