El Juzgado de Primera Instancia n.º 12 de Madrid ha dictado Sentencia de 18 de abril estimando íntegramente nuestra demanda y declara que la demandada adeuda una cantidad de 25.118,23 euros, condenándola al pago de dicha cantidad, con intereses.

En este caso ejercitamos una acción de reclamación de cantidades derivadas de un contrato de arrendamiento de servicios, sobre facturas impagadas a nuestro cliente.

La parte demandada, de contrario, se opuso alegando que no se prestaron esos servicios. 

En primer lugar, en el presente procedimiento nos encontramos ante un contrato de arrendamiento de servicios. El artículo 1542 del CC dispone que “el arrendamiento puede ser de cosas, o de obras o de servicios”. Por su parte, el artículo 1544 del CC establece que “en el arrendamiento de obras o servicios, una de las partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio por precio cierto”.

 Nos encontramos ante un contrato bilateral el cual produce obligaciones para ambas partes, una de las partes asume la obligación de ejecutar el servicio y la otra la obligación de pagar el precio estipulado para ello.

En cuanto al reconocimiento de las Facturas, la sentencia mencionada dice muy acertadamente:

“La factura, en tanto que documento emitido por un empresario o profesional con ocasión de las operaciones inherentes a su actividad en la que se consigna la relación de productos o servicios prestados, así como el importe satisfecho o debido por la realización del objeto del contrato, con la identificación de los respectivos contratantes, constituye un principio de prueba, de manera que si el demandado no impugna dicho documento acreditativo de la realidad de la deuda, no cabe exigir a la parte actora mayor actividad probatoria tendente a justificar su reclamación, resultando, por tanto, excesivo gravar al acreedor con la carga de acreditar la efectiva ejecución de los trabajos o entrega de los materiales que en su caso deberían alegarse como hechos impeditivos de los efectos jurídicos pretendidos en la demanda, una vez impugnada la factura. Y así, en nuestro caso, las facturas no constan impugnada.

Las Audiencias Provinciales mantienen que las facturas tienen eficacia probatoria, aunque no sean reconocidas, así cita la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de fecha 10/02/2015 cuando prescribe que “… En cuanto a las restantes, sobre el valor probatorio de facturas y albaranes es conocida la doctrina jurisprudencial según la cual su no reconocimiento no los priva de valor probatorio, pues pueden tomarse en consideración ponderando su grado de credibilidad según las circunstancias del debate o complementados con otros medios de prueba, conllevando los mismos una acentuada presunción de verdad comercial, en base a los principios de buena fe y seguridad en el tráfico mercantil, que junto con otras pruebas, que pueden ser simplemente indiciarias y hasta resultar de la misma postura adoptada en el proceso por la demandada, pueden surtir una total eficacia probatoria que destruya la simple y pasiva negativa de la contraparte”.

De este modo, no constan impugnadas las facturas, así como la parte demandada tampoco ha conseguido probar que las horas y materiales que se reflejan en las mismas no se hayan empleado en la prestación de servicios en las fincas, por ello se entienden correctas las facturas reclamadas con los servicios y cuantías que en ellas se reflejan.

En el juicio quedo debidamente probado nuestras pretensiones, así como desmontadas las del contrario. Tal sentencia desglosa a la perfección cada una de las pruebas practicadas y su valoración. 

Un artículo redactado por Cristina Acosta García

  • Grado en Derecho otorgado por la Universidad Complutense de Madrid. (2010-2014)
  • Master en Bolsa y Mercados Financieros otorgado por el Instituto de Estudios Bursátiles – IEB (centro adscrito a la Bolsa de Madrid).
  • Master de Acceso a la Abogacía otorgado por la Universidad de Córdoba y el Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba.
  • Abogada en ejercicio, miembro del bufete ACOSTA Y GARCIA ABOGADOS desde Febrero de 2015.
  • Tesorera de la Agrupación de Jóvenes Abogados (AJA) del Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba. (Anterior Junta Directiva)
  • Tesorera de la Confederación Española de la Abogacía Joven (CEAJ)
  • Desde junio de 2021 Presidenta de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Córdoba.