La Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética se encuentra en vigor desde el 22 de mayo de 2021.  Es un hito histórico, ya que es la primera vez que España cuenta con una ley de estas características, promoviendo una acción por el clima. El objetivo es ayudar a que España cumpla sus compromisos internacionales en la lucha contra el cambio climático.

Se establecen cuatro objetivos mínimos nacionales para el año 2030:

  • Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, al menos un 23% respecto del año 1990.
  • Penetración de energías renovables en el consumo de energía de, al menos, un 42%.
  • Alcanzar un sistema eléctrico con, al menos, un 74% de generación a partir de energías de origen renovable.
  • Mejorar la eficiencia energética, disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, un 39,5% con respecto a la línea de base conforme a la normativa comunitaria.

No obstante, la norma prevé que estos objetivos sean revisados al alza en 2030.

Asimismo, la ley establece como objetivo alcanzar antes del año 2050 la neutralidad climática, esto es, que el país solo pueda emitir gases de efecto invernaderos que sean íntegramente absorbidos por los sumideros, por ejemplo, los bosques.

Para cumplir con todas estas premisas, el texto recoge como instrumentos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la Estrategia de Descarbonización a 2050.

Ley de Cambio Climático y transición energética

Medidas de MOVILIDAD

Los últimos datos oficiales del año 2019, determinaron que casi el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España proceden del sector del transporte. Se establecen varias medidas:

  • El objetivo principal, es que, para el año 2040, como muy tarde, no se puedan vender turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, no destinados a usos comerciales, que emitan dióxido de carbono.
  • Como fecha tope para 2023, los municipios de más de 50.000 habitaciones o de más de 20.000 si cuentan con problemas de calidad del aire, deberán contar con áreas de bajas emisiones.
  • Obligatoriedad que las gasolineras coloquen puntos de recarga de coches eléctricos. 
  • A partir de 2023, todos los edificios no destinados a uso residencial y con más de 20 plazas de aparcamientos deberán contar con puntos de recarga disponibles.

ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Uno de los objetivos primordiales es tener un sistema eléctrico 100% para 2050. Por lo que, se abordan temas puntuales para dar mayor flexibilidad a que en las nuevas concesiones se establezcan mecanismos que permitan la integración de energías renovables.

En eficiencia energética, el Gobierno promoverá y facilitará el uso eficiente de la energía, la gestión y la demanda. Para ello se elaborará de un Plan de Rehabilitación de Viviendas y Renovación Urbana.

En eficiencia energética, el Gobierno promoverá y facilitará el uso eficiente de la energía, la gestión y la demanda. Para ello se elaborará de un Plan de Rehabilitación de Viviendas y Renovación Urbana.

TRANSACCIÓN ENERGÉTICA Y COMBUSTIBLES.

Con la entrada en vigor de esta ley no se otorgarán en el territorio nacional (incluido el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental) nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación de hidrocarburos o concesiones de explotación para los mismos. Esta misma prohibición se hará también con la fracturación hidráulica o fracking para la obtención de combustibles fósiles, tampoco sobre minerales radiactivos sobre energía nuclear.

Para conseguir los objetivos, el Gobierno tendrá que fomentar, la penetración de los gases renovables, incluyendo el biogás, el biometano, el hidrógeno y otros combustibles que procedan se materias primas y energías de origen renovables o permitan la reutilización de residuos orgánicos o subproductos de origen animal o vegetal.

Ley de Cambio Climático y transición energética. Aspectos principales

ADAPTACIÓN Y BIODIVERSIDAD

Es ampliamente conocido que existen consecuencias del cambio climático que son de imposible restitución, en relación con esto, se establecen varias medidas:

  • Aprobación cada cinco años un plan nacional de adaptación al cambio climático. 
  • Se fija en la norma que la ordenación urbana y la planificación hidrológica deberán tener en cuenta el cambio climático. E incluye una restricción que supone limitar la duración de las prórrogas otorgadas a las concesiones para determinadas actividades en la zona de dominio público marítimo.
  • El Gobierno tendrá que presentar una “estrategia específica de conservación y restauración de ecosistemas y especies especialmente sensibles a los efectos del cambio climático”.
  • Asimismo, el Ejecutivo se comprometo a remitir al Congreso y al Senado el proyecto de ley de residuos y suelos contaminado, en un plazo de 6 meses.

MEDIDAS DE TRANSICIÓN JUSTA.

El objetivo de estas medidas es promover la identificación de colectivos, sectores, empresas y territorios potencialmente vulnerables al proceso de transición a una economía baja en emisiones de carbono. Por lo que, se plasmarán en la Estrategia de Transición Justa, que tratará de optimizar las oportunidades en la actividad y el empleo de la transición hacia una economía baja en emisiones de gases de efecto invernadero e identificar y adoptar medidas que garanticen un tratamiento equitativo y solidario a las personas trabajadoras y a los territorios en dicha transición. 

En definitiva, la mera existencia de la ley es un aspecto positivo, además sitúa en el centro de la acción política la lucha contra el cambio climático y la transacción energética. No obstante, no está todo conseguido con la promulgación de la Ley, es necesario que todos los objetivos sean cumplidos.

Puedes consultar la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética aquí.

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