La ejecución de la pena de prisión se ve regido por el mandato constitucional que impone su orientación hacia los fines de la reeducación y reinserción social del penado, así como que el condenado que estuviere cumplimento pena de prisión gozará de todos los derechos fundamentales reconocidos en la constitución, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria.

PRISIÓN Y SU EJECUCIÓN EN EL PROCESO PENAL

 El efectivo ingreso en prisión del condenado será ordenado por el Juez o Tribunal encargado de la ejecución. Para ello recabará el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, librando las oportunas órdenes de búsqueda y captura e ingreso en prisión, si el ingreso no tiene lugar voluntariamente dentro del plazo que se le conceda.

Si el condenado estuviese preso preventivamente al tiempo de declarar la firmeza de la sentencia ejecutiva deberá librar el oportuno mandamiento de penado, dirigido al director/a del centro penitenciario en que haya de quedar ingresado, a fin de que sea custodiado en esa calidad de penado, con sometimiento, a partir de ese momento, al régimen y tratamiento dispuesto en la legislación penitenciaria.

En los casos en que el condenado se hallare fuera de España y dentro del territorio de algún Estado miembro de la Unión Europea, el Juez o Tribunal de la ejecución podrá emitir una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

  1. Pena privativa de libertad de duración igual o superior a cuatro meses;
  2. Pena que no admita suspensión ni sustitución;
  3. Que alguna de las partes lo haya pedido, a cuyo fin deberá conferirse el oportuno traslado para informe al Ministerio Fiscal y, en su caso, a la acusación particular para informe, que deberá emitirse en el plazo de dos días.

La resolución en la que se acuerde una OEDE deberá adoptar la forma de auto, debidamente motivado y que será recurrible conforme al régimen general de los recursos.

Ingresado ya el condenado en el centro penitenciario, en esta fase de cumplimiento efectivo de la pena de prisión intervienen, además del Juez o Tribunal encargado de la ejecución de la sentencia, la Administración penitenciaria, el Juez de Vigilancia Penitenciaria y el Ministerio Fiscal.

El artículo 76 de la Ley General Penitenciaria (LOGP) reconoce al Juez de Vigilancia Penitenciaria facultades para hacer cumplir la pena de prisión impuesta y para adoptar las decisiones necesarias. 

  1. LIQUIDACIÓN DE CONDENA
  2. ACUMULACIÓN DE CONDENAS

Un artículo redactado por Cristina Acosta García

  • Grado en Derecho otorgado por la Universidad Complutense de Madrid. (2010-2014)
  • Master en Bolsa y Mercados Financieros otorgado por el Instituto de Estudios Bursátiles – IEB (centro adscrito a la Bolsa de Madrid).
  • Master de Acceso a la Abogacía otorgado por la Universidad de Córdoba y el Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba.
  • Abogada en ejercicio, miembro del bufete ACOSTA Y GARCIA ABOGADOS desde Febrero de 2015.
  • Tesorera de la Agrupación de Jóvenes Abogados (AJA) del Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba. (Anterior Junta Directiva)
  • Tesorera de la Confederación Española de la Abogacía Joven (CEAJ)
  • Desde junio de 2021 Presidenta de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Córdoba.